En Cuba hay más de 600 medios oficiales de comunicación entre periódicos, emisoras de radio, canales de televisión, revistas impresas, agencias de información y sitios digitales. De acuerdo con una investigación coordinada desde la Universidad de Málaga sobre el marco regulatorio de la prensa en Cuba, todos son de propiedad estatal y, salvo escasas excepciones como las revistas Alma Mater (1922), Bohemia (1908) y Radio Rebelde (1958), surgieron después del primero de enero de 1959.
A partir de la nueva categoría de «afiliados al Gobierno» que Twitter ha asignado a medios como Cubadebate, Granma y Canal Caribe, Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, denunció esta marca como una “acción que censura y estigmatiza a medios públicos del país».
Aunque esta práctica del gigante tecnológico ha sido muy cuestionada, esa frase podría abrir un debate sobre cómo nombrar el sistema de medios de prensa en Cuba. No es esta la primera vez que directivos de la prensa en el archipiélago se refieren a los medios oficiales o estatales como «públicos».
Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en un podcast con la periodista Arleen Rodríguez Derivet habló el 17 de marzo de 2021 sobre «el lugar de los medios públicos del país en defensa de la unidad y el consenso en torno al proyecto político de la Revolución”. Y así se ha replicado esta denominación en declaraciones de la UPEC, en la cuenta de Facebook de Presidencia Cuba, en la revista Alma Mater y otros medios del país.
Los medios de prensa, reconocidos y presupuestados por el Estado cubano, no son públicos porque carecen de independencia editorial y de autonomía en su funcionamiento y estructuras de dirección. Su agenda está marcada por las exigencias del Partido Comunista, al que defienden y ponderan en un ejercicio de apoyo irrestricto.
El investigador de la prensa cubana Salvador Salazar ha distinguido entre medios estatales y medios públicos: «los primeros se subordinan al gobierno, a un aparato ejecutivo. Los segundos son patrimonio de la República, obedecen a los intereses de la sociedad en su conjunto». ¿Qué clasificación se ajusta mejor al caso cubano?
Según la exdirectora general del Instituto Mexicano de Radio, Dolores Béistegui, «una clara característica del medio público debería ser su autonomía editorial, respaldada por directrices, estatutos y un órgano de gobierno integrado por especialistas».
Ese servicio público se satisface si el Estado se encarga del financiamiento de los medios, pero estos tienen autonomía e independencia política.
Los medios de comunicación cubanos están coordinados esencialmente por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, con quien se define semanalmente buena parte de la agenda editorial de emisoras de radio, periódicos, agencias de información y televisoras. Es conocido que tanto el Granma, como los semanarios provinciales llevan en sus portadas la distinción de «órgano oficial” del Comité Central o Provincial del Partido.
Las publicaciones que no están sujetas a este sistema están vinculadas a otros organismos estatales como la revista Mujeres, de la Federación de Mujeres Cubanas, la revista Verde Olivo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o Somos Jóvenes, de la Casa Editora Abril, vinculada a la Unión de Jóvenes Comunistas.
«La comunicación pública en Cuba es directamente funcional a la ideología hegemónica y al sistema político», sentenció el profesor Julio García Luis. Por tanto, funciones y derechos fundamentales para el ejercicio del periodismo como la libertad de expresión, el acceso a la información y la autonomía editorial están sujetos no solo a la propiedad estatal, sino condicionados por el control del Partido Comunista.
La UNESCO relaciona ocho características de los medios públicos, entre las que incluye la independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente y la autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil. Estos aspectos tampoco se cumplen en el caso cubano.
«Aunque desde las más altas instancias del gobierno se refieran a las organizaciones que hoy desempeñan la actividad periodística como medios públicos, la realidad es que son subsidiados en su totalidad por el Estado y, aunque algunos produzcan ingresos, no pueden disponer de ellos para sus necesidades internas. Sus directivos son designados por el PCC o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) sin consultar a los miembros de los equipos de redacción y sin rendir cuentas a las audiencias», aseguró Darío Alejandro Escobar, exdirector de Somos Jóvenes, en una investigación publicada por Cubarte.
El modelo de prensa cubana tiene como encargo fundacional la legitimación ideológica del sistema y así quedó configurado en las Tesis y Resoluciones del I Congreso del Partido de 1976, que señalan a los medios como «importantes instrumentos de la lucha ideológica y política (...), órganos del partido y del Estado (…) en la tarea de educar, informar, orientar, organizar y movilizar».
Desde este documento de referencia hasta la Constitución de 2019, poco ha cambiado en la concepción propagandista y de agitación política de la comunicación y en la visión instrumental de la prensa.
Otros de los rubros que contempla el documento de la UNESCO sobre medios públicos hacen referencia a la pluralidad de su contenido y diversidad e imparcialidad de su programación, así como a la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias.
Según estos requerimientos, un medio público no debe promover una postura partidista, ni plegarse a los intereses del Gobierno, porque esto impide un ejercicio de crítica y fiscalización del poder transparente y abierto. La agenda editorial de los medios cubanos tampoco se precia de un contenido inclusivo y variado que represente todas las voces de la sociedad cubana.
Además, el periodista y novelista argentino Felipe Galli, en meses de investigación en Cuba, identifica como características de la comunicación en el país la descalificación de la protesta social con agravios clasistas y el uso en televisión nacional de descalificativos LGBTfóbicos como: «este periodista opositor trabajó en un bar gay», «este activista se viste de mujer». A lo que se suma, la publicación en el noticiero nacional de testimonios obtenidos bajo tortura psicológica, de mensajes privados enviados por WhatsApp y otras formas de linchar públicamente a ciudadanos que ni siquiera están bajo proceso judicial y que no tienen derecho a réplica, ni cómo exigirlo.
Una historia de subordinación política y editorial
Con el triunfo de la Revolución en 1959, el cambio más sustancial en el ecosistema comunicativo fue la nacionalización de los medios que estaban en propiedad de privados. Durante el periodo de provisionalidad revolucionaria, hubo un proceso de limpieza y depuración de la prensa que incluyó episodios de censura como la del cortometraje PM (Pasado Meridiano) en 1961, sobre La Habana nocturna.
El discurso de Fidel Castro conocido como Palabras a los intelectuales marcó la pauta de lo que vendría luego. El escritor Guillermo Cabrera Infante describió el episodio como un punto de definición:
«En realidad lo que ocurrió en la Casa de las Américas y después en la Biblioteca Nacional fue un proceso político. No tenía nada que ver con el cine, no tenía nada que ver con la cultura, ni mucho menos, eso fue increíble. Ahí fue donde Fidel Castro en las reuniones de la Biblioteca aprovechó para terminar su discurso diciendo con la Revolución todo, contra la Revolución nada y, por supuesto, todos sabíamos que él era la Revolución y que él se reservaba el derecho de calificar revolucionario o contrarrevolucionario lo que le pareciera».
En consonancia con esto, los estatutos fundacionales de la Unión de Periodistas de Cuba en 1963 señalaron un respeto irrestricto a la ideología del poder revolucionario.
Investigadores como Julio García Luis y Salvador Salazar coinciden en que no hubo en el gremio periodístico influencia de asesores soviéticos, ni profesionales cubanos se formaron en la URSS en información y comunicación. Sin embargo, el sistema de prensa en Cuba se estructuró con una clara inspiración soviética y atemperado al modelo leninista que concebía la prensa como «agitador colectivo». Salazar advierte que «se trataba de un modelo concebido por Lenin en los años más duros de la guerra civil rusa, el cual resultó funcional en la tarea de adoctrinar a millones de mujiks analfabetos, pero absolutamente ineficaz en un conflicto sostenido de baja intensidad y larguísima duración como lo fue la Guerra Fría».
La verticalidad y unidireccionalidad se fueron entronizando a través de estructuras reguladoras de la prensa como el Departamento de Orientación Revolucionaria, que años más tarde se convirtió en el Departamento ideológico del Partido.
Con el Período Especial, toda escasa libertad ganada y posibilidad de crítica se restringió. La sobrevivencia del sistema estaba en juego y la calidad del periodismo pasó a un segundo plano, su función era sostener el poder en aquel momento crítico. Fidel Castro en persona visitaba en las noches la redacción de Granma, encargaba trabajos y pedía que le reservaran espacios de la publicación para temas de su interés.
Desde 2007, el documento Orientaciones del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva del país ha guiado el trabajo en los medios. Este reafirma que es responsabilidad del Partido «trazar, dirigir y controlar» la política informativa.
En el 9no. Congreso de la UPEC, celebrado en julio de 2013, Miguel Díaz-Canel Bermúdez lo reiteró: «El Partido espera determinadas realizaciones de la prensa y cuando hay algún incidente, algún hecho que altera eso, el Partido se mete más gerenciando que orientando, empieza a suplir el papel de la dirección de los medios, las direcciones de los medios se sienten atadas, algunos se pueden hasta acomodar».
Lo que Díaz-Canel llama acomodo es también el resultado de años de control y fiscalización del trabajo de la prensa. La supeditación ideológica ha sido la demanda primera a periodistas que se forman para trabajar en recorridos, actos políticos, reuniones y marchas orientadas por el Partido.
El anteproyecto de Ley de Comunicación Social, presentado el 11 de julio de 2022 y sin precedentes similares, ratifica que los medios fundamentales continuarán en propiedad del Estado o de organizaciones sociales o de masas vinculadas a este, mientras los no fundamentales quedarán en manos de «otras formas asociativas o de actores sociales y económicos reconocidos legalmente en Cuba». Esto elimina cualquier posibilidad de que surjan medios de comunicación independientes del control gubernamental.
Esa agenda mediática, distante de las experiencias cotidianas de los cubanos, pondera un adoctrinamiento y triunfalismo, alejados del encargo de servicio público. Los medios, oficiales o estatales, cumplen en primer orden con las exigencias de las estructuras de poder y relegan a un segundo plano las preocupaciones y urgencias de sus públicos.
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Silvano