El 21 de abril de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redecsa) presentaron en la Universidad de Miami, el Informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba. El análisis, enfocado en develar el estado de los derechos laborales y sindicales de la isla, identificó diversas violaciones provocadas por el contexto sociopolítico y la «inexistencia de democracia» en el país.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se fundó en 1959 y fue la institución que removió a Cuba de sus miembros en 1962 por adoptar políticas asociadas al marxismo-leninismo que se consideraban incompatibles con los principios del organismo.
Desde su fundación, la CIDH ha prestado especial atención a Cuba, y ha analizado la situación de los derechos humanos a lo largo del mandato de los Castro y luego de la designación del actual presidente Miguel Díaz-Canel en 2018. Entre las dificultades más frecuentes que tiene la Comisión para diagnosticar la situación cubana se encuentra siempre la negativa del Gobierno a hacer públicas las estadísticas necesarias para elaborar reportes de cualquier tipo. Mientras que en el resto de la región americana basta enviar un cuestionario a las instancias gubernamentales, en Cuba es necesario hacer un trabajo directo con la población, a menudo de forma encubierta y protegiendo las identidades de los participantes por temor a represalias.
Para su más reciente informe, la CIDH y la Redesca realizaron 80 entrevistas, entre 2021 y 2023, a trabajadores de diversos sectores, de las cuales se emplearon como muestra 65 (el resto no cumplía con los requisitos indispensables para el análisis). Asimismo, la Comisión declaró haber encuestado de forma simultánea a personas vinculadas con el sector judicial cubano (abogados, jueces y exfiscales). Los datos del informe cuestionan las cifras que ha ofrecido el Estado cubano durante las últimas décadas, así como sus políticas públicas y laborales.
De los 7 051 300 cubanos en edad laboral que declaró la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) en 2021, solo 4 619 100 están realmente empleados, según el informe. La cifra contradice los datos que declaró el régimen en 2020, cuando se declaró que la tasa de desempleo afecta tan solo al 1.4 % de la población. En contraste, los reportes del Observatorio de Derechos Sociales de Cuba (ODS-Cuba) y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) citados en el informe sitúan la tasa de desempleo por encima del 30 %, sobre todo después de la pandemia de la COVID-19.
Del total de trabajadores activos (más de cuatro millones), 3 120 600 pertenecen al sector estatal, y solo un cuarto del total (aproximadamente 1 498 600) está vinculado al sector no estatal (empresas extranjeras, mixtas, iglesias y otras instituciones). Las cifras convierten al Gobierno en el primer empleador de la isla, mientras que en el segmento de trabajadores por cuenta propia la cifra apenas llega a los 596 mil empleados.
Según el documento, la tasa de ocupación de las mujeres es de 38.9 %, poco más de la mitad de la de hombres, que alcanza el 61.1 % del total de personas en edad laboral. En las estadísticas oficiales no figura el número de personas en trabajos informales o encubiertos. Dentro de la categoría de empleo no formal se ubica un gran número de empleadas mujeres (hasta el 90 %), pues en su mayoría se trata de trabajos domésticos, de cuidados o venta ambulante.
En términos de derechos humanos, las principales violaciones respecto a las condiciones de trabajo son: falta de acceso libre al trabajo y carencia de estabilidad laboral; condiciones precarias y ausencia de salarios justos; acoso en el ámbito laboral; falta de libertad de expresión, discriminación y hostigamiento por opiniones políticas e ideológicas; discriminación estructural en contextos laborales; y falta de reglamentación de las relaciones de trabajo especiales (por ejemplo, la situación de los profesionales que prestan servicio fuera de Cuba, como los médicos y profesores).
Un 92.3 % de los entrevistados por la CIDH y la Redesca considera que en Cuba los derechos laborales y sindicales son inexistentes. Asimismo, un 98.4 % cree que no se respetan los derechos sindicales, coartados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que funciona como único sindicato legalmente reconocido y limita la libertad de agrupación, de huelga y de negociación con los empleadores, incluso si se trata de entidades extranjeras. El 93.8 % asegura que el proceso de reclamaciones laborales es inútil o no se lleva a cabo de forma apropiada. Por último, el 72.3 % teme o es reacio a acceder al sistema de justicia laboral.
Los datos están respaldados por los testimonios de los encuestados que sufrieron, en un sector u otro, la censura, el ostracismo y el trato injusto de sus empleadores. Algunas de las mujeres reportaron acoso sexual por sus superiores, mientras que los miembros de comunidades vulnerables se vieron discriminados por color de la piel, orientación sexual o discapacidades. Otros fueron separados de los empleos o sancionados por sus opiniones y actitudes políticas, con frecuencia calificadas como «contestatarias» o «contrarrevolucionarias» (lo que les valía el título de «no confiables ideológicamente»). En resumen, y con base en las cifras recopiladas por el OCDH, un 56 % de la población considera que existe discriminación en el ámbito laboral.
Otro sector afectado por las políticas del Gobierno es el de las brigadas médicas y demás misiones en el extranjero, cuyos trabajadores padecen —según la CIDH y Redesca— una situación de trabajo forzoso. Las llamadas «misiones internacionalistas», que incluyen cerca de 35 mil cubanos solamente en el sector médico, constituyen valiosas fuentes de ingreso para el Estado, el cual se apropia de hasta el 90 % del salario que otros países deben pagar a los profesionales.
Los trabajadores cubanos no son los únicos afectados por los controles de la cúpula. También las empresas extranjeras o mixtas deben someterse a las reglas del juego si pretenden lucrar en Cuba. Al entrar en la isla pierden la potestad de elegir a sus empleados. Existen entidades empleadoras, bajo la supervisión de los Ministerios del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y de Trabajo y Seguridad Social, que cobran por suministrar la fuerza laboral.
El Gobierno aprovecha las condiciones para introducir «mano de obra dócil», según expone el informe. Los trabajadores seleccionados están limitados a la hora de pactar sus condiciones y salarios (en la moneda que deseen) de forma directa con el empleador. Además, es la empresa intermediaria cubana la que recauda la divisa extranjera y paga los salarios en moneda nacional, muy por debajo de lo debido.
La CIDH y la Redesca ven con inquietud el estado de los derechos laborales en Cuba, pues la legislación del país coarta las libertades de sus trabajadores. Están penalizados el derecho a huelga, la libertad sindical y la libre asociación. Además, las instituciones encargadas de proteger a los trabajadores —ministerios, sindicatos y tribunales— están secuestradas por las autoridades.
El control monopólico del Estado, la presencia de un partido único, la centralización de poderes, la ausencia de mecanismos democráticos y la subordinación del poder judicial a las expectativas gubernamentales, son los elementos más preocupantes para las organizaciones internacionales, pues comprometen de forma violenta la integridad y los derechos humanos de los trabajadores cubanos e impiden alcanzar un estatus de trabajo digno dentro de la isla.
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