La espirituana Daysi Puerta ha sido la encargada de atender a su madre encamada durante dos años. Cuando relata las condiciones en las cuales realiza las labores de cuidado evita mirar de frente a la cámara.
«No tengo sonda, no tengo medicamentos que darle porque son muy caros y en la farmacia nunca los hay», confiesa tímidamente Puerta, de complexión delgada y mirada marchita, mientras una hoja en su rostro parece ocultar una pequeña lesión dérmica.
El nuevo Código de las Familias, en vigor desde septiembre de 2022, cambió el escenario jurídico en torno a los cuidados en Cuba. También los hizo más visibles para la agenda pública, o al menos eso parece, al incluirlos como un derecho y definir los deberes con las personas mayores de 60 años.
Específicamente el artículo 430 establece que los familiares «tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas y de cuidado, y al sostenimiento de las personas adultas mayores, aunque no residan juntas, así como a preservar sus bienes».
En el mundo son recurrentes los debates que en relación al cuidado incluyen análisis de economía doméstica (estudia el hogar como una unidad de gestión y actividad económica), el impacto de la pobreza de tiempo sobre quienes cuidan, y el enfoque de género en el cuidado. Cuba también ha iniciado estas conversaciones.
Para fomentar el diálogo sobre el contexto demográfico cubano, las Universidad de Harvard, de Estados Unidos, y la casa de altos estudios Sorbona Nueva, de París, desarrollaron el encuentro «La crisis social vista por los retos del cuidado y envejecimiento en Cuba».
En el encuentro académico, la socióloga Blandine Destremau, directora de Investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y quien lleva años estudiando el caso cubano, aseguró que existe una crisis de cuidados en el país. Como una de las principales causas, la investigadora señala que existe más demanda de cuidados que cuidadores.
¿Es el cuidado responsabilidad del Estado o de la familia?
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Cuba para 2030 deben existir alrededor de 24 personas de 80 años y más, por cada 100 adultos de entre 50 y 64 años. Dicha relación hipotética permite dimensionar la proporción de dependientes y cuidadores, respectivamente. Para 2055 se espera que aumente el grado de dependencia hasta un 71 %, lo cual indica una sobrecarga de los potenciales cuidadores, explicó Destremau.
Al analizar la relación entre la demanda de cuidadores y la población económicamente activa ―menor de 65 años―, se observa un incremento hacia 2030 asociado al envejecimiento demográfico del país.
Acorde a la socióloga, «el cuidado familiar es una norma moral y un arreglo práctico, reforzado por el Código de Familias de 2022». Ello está en parte relacionado con que el 90 % de los adultos mayores viven en su casa, en muchos casos en hogares donde convive más de una generación. Por ello, prevalece una interdependencia familiar para «compartir los ingresos (ya sea pensiones, salarios u otros)» y para la distribución del tiempo.
Por otro lado, los estudios apuntan a que la familia cubana ha reducido su tamaño, según comparaciones realizadas entre los censos de 1953 y 2012. En la actualidad, su tamaño promedio es de aproximadamente tres personas.
Además, Blandine Destremau resaltó la relación diferenciada de género, tanto en las labores de cuidado, como en la posposición de necesidades y el empleo por esta causa. Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en 2016, las mujeres cubanas dedican en promedio 8.29 horas semanales a labores de cuidado no remunerado para el hogar, en tanto los hombres emplean 3.38 horas de su tiempo a dichas tareas.
En adición, «la tasa de actividad femenina después de 50 años es mucho más baja que la tasa de los hombres a la misma edad y también la tasa de actividad de las mujeres en general es mucho más baja, y podemos pensar que también tiene que ver con el cuidado», comentó la socióloga.
Al referirse al componente familiar, Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira, demógrafo y profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana, explicó que el abandono prematuro del empleo para asumir tareas de cuidados, aunque sea temporal, puede afectar su capacidad de reincorporación.
El demógrafo cubano pone énfasis en las mujeres de mayor edad, pues es común que las abuelas se retiren temporalmente para cuidar a los nietos bajo el régimen de licencia posnatal.
La situación se ha visto agravada por los recientes flujos migratorios en los que hay una prevalencia de emigrantes jóvenes, sin grandes diferencias en relación al género. Ello ha provocado que la cuarta parte de las personas de la tercera edad tenga a su familia en el extranjero. Si bien por un lado esto puede ayudar en la recepción de remesas, les priva del apoyo que ellos necesitan de modo presencial.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Envejecimiento de 2017, cerca del 24 % de las personas mayores de 60 años vivían en un hogar nuclear estricto ―pareja sin hijos―, mientras el 17 % de los hogares era unipersonal. Además de la emigración, la socióloga apunta a la carencia de descendientes como causa posible, debido a criterios de emancipación.
La investigadora señaló que, en el contexto cubano, la ausencia de familia aumenta las múltiples expresiones de pobreza ―afectiva, material y temporal―, aun cuando una parte de los adultos mayores recibe remesas como una forma de compensar parcialmente la ausencia de sus familiares.
A ello se suman los múltiples casos de negligencia, abandono, maltrato, soledad, marcados por un alto nivel de complejidad que no siempre responden a categorización moral de «malos hijos o mala familia».
Sobre cuidados y cuidadoras
En Cuba, explica Destremau, ha crecido la oferta de «atención geriátrica domiciliaria de mercado» por parte de enfermeros, enfermeras o médicos que dejaron su empleo para dedicarse a labores profesionales de cuidado.
En paralelo se desarrollan también ofertas de «hogares privados», «prácticas de cohabitación con contratos de alimentos y cuidado vitalicio», y convenios «en efectivo o con legado de patrimonio». Es decir, ante la ausencia de un familiar o entidad pública que asuma los cuidados del adulto mayor, este puede optar por ceder sus propiedades, o un familiar pagar por la atención hasta el momento del fallecimiento. Todos estos arreglos se realizan sin regulación pública.
Sobre la medicalización de los cuidadores, la socióloga explicó que los servicios pueden ser contratados por hora o por acto ―para una inyección― y que los profesionales de la salud reciben los mejores pagos, en comparación con otras personas que, sin calificación, se desempeñan como trabajadoras domésticas y brindan apoyo en los cuidados. En su mayoría, las trabajadoras del hogar son migrantes internas que vienen de otras provincias ―principalmente orientales― o de municipios rurales cercanos.
Todo ello se da en el marco de una escasa y descoordinada atención geriátrica domiciliaria pública, que se escuda en la tendencia social a mantener el cuidado de los ancianos en la esfera privada. En parte, la resistencia de involucrar los servicios públicos puede deberse a la escasa confianza que se tiene en el sistema de Salud Pública debido al deterioro en la infraestructura sanitaria nacional.
En las visitas realizadas por Destremau al archipiélago y en sus diálogos con «personajes importantes del Ministerio de Salud», la socióloga pudo constatar que los cuidados no son considerados una responsabilidad del Estado o de la esfera pública, por lo cual las acciones del Minsap se enfocan principalmente en «la prevención, la educación en la atención y la rehabilitación».
«En Cuba, todavía [el cuidado] no está pensado en ramas profesionales con calificación diferenciada (…). Se necesita una reforma profunda, y hablo del lado de los presupuestos y los recursos disponibles. Se necesita una redistribución y sacar el cuidado de la esfera privada», explicó la investigadora.
Blandine Destremau señaló que existe un conjunto de contradicciones políticas en torno al cuidado en Cuba. En primer lugar, apunta que el Estado ha legitimado políticas de cuidado enfocadas en las familias cuando en realidad hay una abundancia de hogares marcados por el abandono, la soledad y la desatención.
Además, el peso de las responsabilidades de cuidado de poblaciones dependientes sobre las mujeres contrasta con el discurso de emancipación femenina.
Otro elemento que la investigadora considera contradictorio es el discurso de igualdad y universalidad del acceso a la atención de salud en torno a los cuidados, pues existen diferencias en cuanto al color de la piel y la clase.
Finalmente, Destremau señala que las condiciones de vida de los «viejos revolucionarios» no concuerdan con los principios de «autonomía económica y existencial»; por el contrario, grupos como los veteranos y los combatientes son incapaces de sostener niveles mínimos de bienestar.
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Reina María López -Silvero Sánchez