Constitución 2019
Residentes en la isla esperan sortear (con la renuncia de la ciudadanía) las prohibiciones de salida del país que impone La Habana a algunos cubanos profesionales, opositores políticos, activistas y periodistas independientes.
El Gobierno cubano piensa en la posibilidad de regular el proceso de renuncia de la ciudadanía cubana; pero de aprobarse el proyecto de ley de migración, la posibilidad no estaría disponible de forma inmediata.
La reforma constitucional fue más un reajuste institucional del régimen político que un proceso para proteger más y mejor los derechos humanos.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
La Ley 159 «De la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social» entró en vigor el 29 de mayo de 2023. ¿Qué significa la normativa y qué riesgos pueden correr los emigrados cubanos?
Si quedaba duda alguna de la inexistencia en Cuba de un Estado de derecho, se desvaneció luego de la filtración del video en el cual interviene Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.
El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Las últimas declaraciones de duelo nacional en Cuba no se decretaron debido a una tragedia o un siniestro. Todas estuvieron vinculadas al fallecimiento de políticos cubanos o foráneos.
¿Se conocen detalles de la confección del anteproyecto del nuevo Código Penal cubano? El siguiente texto ahonda al respecto a pocos días de la aprobación de la legislación.
La ampliación de zonas de interés turístico es una de las justificaciones que establece el proyecto de Ley de la Expropiación para quitar a un ciudadano su propiedad privada y entregarla al Estado o a inversores particulares.
A partir del análisis de las sentencias de los manifestantes de Toyo y la Güinera se extraen varias lecciones que demuestran cómo los tribunales de justicia en Cuba son un elemento más de la maquinaria represiva estatal.
¿Cuánta protección ofrecerá la ley de reclamación de derechos constitucionales en Cuba? En el siguiente texto explicamos los peligros y la indefensión a la que se verá expuesta la ciudadanía de aprobarse el proyecto de la nueva regulación.
Las implicaciones que tendría abrir un cauce judicial para discutir vulneraciones de derechos constitucionales en Cuba deviene causa de la no promulgación de la ley de reclamación.
La Constitución de 2019 no recoge ni el principio de división de poderes ni el de unidad de poder, contrario a lo que afirmó en televisión el doctor en Ciencias Jurídicas, José Luis Toledo Santander.
Bajo el autoritarismo, el maridaje entre saber y poder genera resultados perversos. Provoca la corrupción del lenguaje: de ahí que el primero legitime al segundo mediante una neolengua en apariencia técnica, neutra; cuando no apologética.
David A. Martínez es uno de los firmantes de la carta del 20N en Cienfuegos. El siguiente texto de su autoría es una réplica a otro que publicara Alexis Jardines Chacón en «Cubanet».
Demandar a Etecsa por los cortes de Internet tras el 11J en Cuba y la violación de derechos humanos —como el de acceso a la información— no es garantía de éxito.
Durante más de cuatro décadas la legislación cubana ha incumplido con estándares internacionales acerca del derecho de asistencia letrada tras una detención. La defensa inmediata no es un mito.
La reserva de ley es una necesidad del ordenamiento jurídico cubano, al menos hasta que existan otros mecanismos más directos de defensa de los derechos humanos. Así evitaríamos que temas decisivos de la vida social fueran resueltos con normas de menor alcance e impacto, como decretos y decretos presidenciales.
El destierro de Karla Pérez es una negación de su condición de persona y sujeto de derechos. Es también consecuencia de la falta de control de la discrecionalidad de la Administración del Gobierno cubano. Una discrecionalidad que ante esta ausencia se convierte, con demasiada frecuencia, en arbitrariedad.
La Asamblea Nacional del Poder Popular faltó a su deber de dar respuesta «oportuna, pertinente, y fundamentada» a la petición promovida por el 27N. Las respuestas institucionales deben garantizar la certeza legal y priorizar la garantía a la dignidad plena de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.
El modus parlamentario aprobado en diciembre de 2019 y la ruta para legislar en Cuba no garantizan que la sociedad actúe como país en el levantamiento de ese Estado de derecho y justicia social que refrenda la nueva Constitución de la rēs pūblica.
Es falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones». Esta afirmación es parte de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplificamos situaciones que demuestran lo contrario.
El ministro de Justicia dijo en televisión que no había problema en que se hubiese incumplido un mandato constitucional y que hasta la fecha no se hubiese emitido una ley que permite a los ciudadanos intentar defenderse ante los tribunales de posibles vulneraciones de sus derechos constitucionales.
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Constitución 2019
Residentes en la isla esperan sortear (con la renuncia de la ciudadanía) las prohibiciones de salida del país que impone La Habana a algunos cubanos profesionales, opositores políticos, activistas y periodistas independientes.
El Gobierno cubano piensa en la posibilidad de regular el proceso de renuncia de la ciudadanía cubana; pero de aprobarse el proyecto de ley de migración, la posibilidad no estaría disponible de forma inmediata.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
La ampliación de zonas de interés turístico es una de las justificaciones que establece el proyecto de Ley de la Expropiación para quitar a un ciudadano su propiedad privada y entregarla al Estado o a inversores particulares.
Las implicaciones que tendría abrir un cauce judicial para discutir vulneraciones de derechos constitucionales en Cuba deviene causa de la no promulgación de la ley de reclamación.
David A. Martínez es uno de los firmantes de la carta del 20N en Cienfuegos. El siguiente texto de su autoría es una réplica a otro que publicara Alexis Jardines Chacón en «Cubanet».
La reserva de ley es una necesidad del ordenamiento jurídico cubano, al menos hasta que existan otros mecanismos más directos de defensa de los derechos humanos. Así evitaríamos que temas decisivos de la vida social fueran resueltos con normas de menor alcance e impacto, como decretos y decretos presidenciales.
El modus parlamentario aprobado en diciembre de 2019 y la ruta para legislar en Cuba no garantizan que la sociedad actúe como país en el levantamiento de ese Estado de derecho y justicia social que refrenda la nueva Constitución de la rēs pūblica.
La reforma constitucional fue más un reajuste institucional del régimen político que un proceso para proteger más y mejor los derechos humanos.
La Ley 159 «De la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social» entró en vigor el 29 de mayo de 2023. ¿Qué significa la normativa y qué riesgos pueden correr los emigrados cubanos?
Las últimas declaraciones de duelo nacional en Cuba no se decretaron debido a una tragedia o un siniestro. Todas estuvieron vinculadas al fallecimiento de políticos cubanos o foráneos.
A partir del análisis de las sentencias de los manifestantes de Toyo y la Güinera se extraen varias lecciones que demuestran cómo los tribunales de justicia en Cuba son un elemento más de la maquinaria represiva estatal.
La Constitución de 2019 no recoge ni el principio de división de poderes ni el de unidad de poder, contrario a lo que afirmó en televisión el doctor en Ciencias Jurídicas, José Luis Toledo Santander.
Demandar a Etecsa por los cortes de Internet tras el 11J en Cuba y la violación de derechos humanos —como el de acceso a la información— no es garantía de éxito.
El destierro de Karla Pérez es una negación de su condición de persona y sujeto de derechos. Es también consecuencia de la falta de control de la discrecionalidad de la Administración del Gobierno cubano. Una discrecionalidad que ante esta ausencia se convierte, con demasiada frecuencia, en arbitrariedad.
Es falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones». Esta afirmación es parte de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplificamos situaciones que demuestran lo contrario.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Si quedaba duda alguna de la inexistencia en Cuba de un Estado de derecho, se desvaneció luego de la filtración del video en el cual interviene Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.
¿Se conocen detalles de la confección del anteproyecto del nuevo Código Penal cubano? El siguiente texto ahonda al respecto a pocos días de la aprobación de la legislación.
¿Cuánta protección ofrecerá la ley de reclamación de derechos constitucionales en Cuba? En el siguiente texto explicamos los peligros y la indefensión a la que se verá expuesta la ciudadanía de aprobarse el proyecto de la nueva regulación.
Bajo el autoritarismo, el maridaje entre saber y poder genera resultados perversos. Provoca la corrupción del lenguaje: de ahí que el primero legitime al segundo mediante una neolengua en apariencia técnica, neutra; cuando no apologética.
Durante más de cuatro décadas la legislación cubana ha incumplido con estándares internacionales acerca del derecho de asistencia letrada tras una detención. La defensa inmediata no es un mito.
La Asamblea Nacional del Poder Popular faltó a su deber de dar respuesta «oportuna, pertinente, y fundamentada» a la petición promovida por el 27N. Las respuestas institucionales deben garantizar la certeza legal y priorizar la garantía a la dignidad plena de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.
El ministro de Justicia dijo en televisión que no había problema en que se hubiese incumplido un mandato constitucional y que hasta la fecha no se hubiese emitido una ley que permite a los ciudadanos intentar defenderse ante los tribunales de posibles vulneraciones de sus derechos constitucionales.
