Constitución 2019

Rubén Remigio y la justicia secuestrada
Si quedaba duda alguna de la inexistencia en Cuba de un Estado de derecho, se desvaneció luego de la filtración del video en el cual interviene Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular.
El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
La ampliación de zonas de interés turístico es una de las justificaciones que establece el proyecto de Ley de la Expropiación para quitar a un ciudadano su propiedad privada y entregarla al Estado o a inversores particulares.
Las implicaciones que tendría abrir un cauce judicial para discutir vulneraciones de derechos constitucionales en Cuba deviene causa de la no promulgación de la ley de reclamación.
David A. Martínez es uno de los firmantes de la carta del 20N en Cienfuegos. El siguiente texto de su autoría es una réplica a otro que publicara Alexis Jardines Chacón en «Cubanet».
La reserva de ley es una necesidad del ordenamiento jurídico cubano, al menos hasta que existan otros mecanismos más directos de defensa de los derechos humanos. Así evitaríamos que temas decisivos de la vida social fueran resueltos con normas de menor alcance e impacto, como decretos y decretos presidenciales.
El modus parlamentario aprobado en diciembre de 2019 y la ruta para legislar en Cuba no garantizan que la sociedad actúe como país en el levantamiento de ese Estado de derecho y justicia social que refrenda la nueva Constitución de la rēs pūblica.
El cronograma legislativo hasta 2022, aprobado en la Asamblea Nacional el 21 de diciembre, ha sido publicado en la Gaceta Oficial este 13 de enero mediante el ACUERDO NÚMERO IX-49.
Entrados de lleno en “la coyuntura”, y tras una semana más “sosegada”, retomamos el asunto donde lo dejamos, porque creemos que es de vital importancia ahondar en ciertos aspectos de la nueva Constitución cubana.
Las últimas declaraciones de duelo nacional en Cuba no se decretaron debido a una tragedia o un siniestro. Todas estuvieron vinculadas al fallecimiento de políticos cubanos o foráneos.
A partir del análisis de las sentencias de los manifestantes de Toyo y la Güinera se extraen varias lecciones que demuestran cómo los tribunales de justicia en Cuba son un elemento más de la maquinaria represiva estatal.
La Constitución de 2019 no recoge ni el principio de división de poderes ni el de unidad de poder, contrario a lo que afirmó en televisión el doctor en Ciencias Jurídicas, José Luis Toledo Santander.
Demandar a Etecsa por los cortes de Internet tras el 11J en Cuba y la violación de derechos humanos —como el de acceso a la información— no es garantía de éxito.
El destierro de Karla Pérez es una negación de su condición de persona y sujeto de derechos. Es también consecuencia de la falta de control de la discrecionalidad de la Administración del Gobierno cubano. Una discrecionalidad que ante esta ausencia se convierte, con demasiada frecuencia, en arbitrariedad.
Es falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones». Esta afirmación es parte de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplificamos situaciones que demuestran lo contrario.
Recientemente Yo sí te creo —plataforma de apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba— confirmó que la Ley Integral Contra la Violencia de Género no está contemplada dentro del cronograma legislativo hasta 2028.
La “residencia efectiva”, o presencia física del ciudadano en el territorio nacional, como requisito para ser considerado elector, cierra definitivamente la puerta al establecimiento de un posible voto en ausencia o voto desde el exterior para la comunidad cubana que sienta y quiera manifestar su vínculo político con la Isla.
¿Se conocen detalles de la confección del anteproyecto del nuevo Código Penal cubano? El siguiente texto ahonda al respecto a pocos días de la aprobación de la legislación.
¿Cuánta protección ofrecerá la ley de reclamación de derechos constitucionales en Cuba? En el siguiente texto explicamos los peligros y la indefensión a la que se verá expuesta la ciudadanía de aprobarse el proyecto de la nueva regulación.
Bajo el autoritarismo, el maridaje entre saber y poder genera resultados perversos. Provoca la corrupción del lenguaje: de ahí que el primero legitime al segundo mediante una neolengua en apariencia técnica, neutra; cuando no apologética.
Durante más de cuatro décadas la legislación cubana ha incumplido con estándares internacionales acerca del derecho de asistencia letrada tras una detención. La defensa inmediata no es un mito.
La Asamblea Nacional del Poder Popular faltó a su deber de dar respuesta «oportuna, pertinente, y fundamentada» a la petición promovida por el 27N. Las respuestas institucionales deben garantizar la certeza legal y priorizar la garantía a la dignidad plena de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.
El ministro de Justicia dijo en televisión que no había problema en que se hubiese incumplido un mandato constitucional y que hasta la fecha no se hubiese emitido una ley que permite a los ciudadanos intentar defenderse ante los tribunales de posibles vulneraciones de sus derechos constitucionales.
Una nueva instrucción del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, de Cuba, permite desde el 19 de junio de este año que los ciudadanos puedan reclamar daños y perjuicios ante los jueces cuando les sean confiscados bienes de su propiedad o consideren que han sido perjudicados por la actuación de directivos, funcionarios y empleados del Estado.
Al exigir que los profesores escojan entre ser activistas gubernamentales, o renunciar, la viceministra Martha Mesa Valenciano está discriminando por razones políticas.