Las reformas llegan en un momento en que el Gobierno reconoce abiertamente la necesidad de «dinamizar» un mecanismo que, tras más de una década de vigencia, ha producido resultados muy por debajo de las expectativas.
La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
A estas alturas, lo único que podría rescatar a los cubanos de la desdicha en que viven no es una nueva promesa de cambio administrada desde arriba, sino una ruptura real con las estructuras que han producido y perpetuado esa tragedia.
«Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir: productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la Revolución», prometió el presidente designado por el general Raúl Castro.
La economía cubana ha estado estructurada sobre la primacía de la empresa estatal. Los burócratas han insistido en que esa realidad no cambiará: la empresa estatal seguirá siendo el actor principal de la economía y la propiedad social continuará controlando los medios fundamentales de producción.
Sin embargo, detrás de esa continuidad declarada se esconden cambios de enorme alcance.
Las reformas anunciadas por el primer ministro cubano Manuel Marrero constituyen, probablemente, el paquete de cambios más abarcador que se ha anunciado. No obstante, por ahora, se trata solo de anuncios: su alcance real dependerá de la secuencia, la profundidad y, sobre todo, de la implementación efectiva de medidas.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
En la Cuba de hoy, la represión generacional no trata solo de controlar el presente, sino también de limitar aquello que las futuras generaciones creen posible. Tal vez ese sea el miedo más profundo del régimen: no un disidente o un movimiento en concreto, sino toda una generación que empieza a perder el miedo.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba impuso sanciones de entre ocho y 12 años de cárcel por extraer combustible de grupos electrógenos. Aunque la motivación fue el lucro personal, las causas penales se tramitaron como delitos contra la seguridad del Estado.
La nueva Ley de Migración y su Reglamento establecen una nueva arquitectura migratoria que regirá a partir de noviembre de 2026, centrada en una condición: la residencia efectiva.
La decisión de juzgar en ausencia no parte del órgano judicial, sino de la primera línea del esquema represivo cubano. Son las autoridades del Ministerio del Interior quienes solicitan la continuidad del proceso: el ministro de Justicia insta al fiscal general y este emite el auto.
La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
Durante décadas, el régimen jurídico de la ciudadanía cubana descansó sobre normas dispersas y fragmentarias. No había procedimientos claros, plazos definidos ni mecanismos de impugnación sistematizados. La nueva ley llena ese vacío, pero con condiciones y límites puntuales.
El régimen de Cuba publicó este 5 de mayo de 2026 un paquete normativo que formaliza la condición migratoria «Inversores y de Negocios» para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior «que lo soliciten y participen en el modelo económico» del país.
La nueva resolución se inscribe en una tendencia sostenida del Estado cubano por trasladar al sector no estatal las obligaciones antilavado que históricamente recaían sobre el sistema bancario y financiero.
Esta semana un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana con agentes del FBI para buscar a un menor de 10 años que habría sido secuestrado. Las supuestas motivaciones detrás del incidente generaron dudas en nuestra audiencia sobre si en Cuba se permite intervenir quirúrgicamente a un menor para una transición de género. Te explicamos en este artículo.
Dos normas publicadas el 21 de abril de 2026 formalizan un fenómeno que existía en la isla: el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad por parte del sector privado.
Con el nuevo decreto ley para inversores emigrados, el régimen vuelve a demostrar que su lógica no es reconectar con la diáspora, sino hacer concesiones quirúrgicas al segmento que le resulta útil para sobrevivir en este momento.
Alexeis Serrano y su esposa Delis Frómeta están recluidos desde la mañana del 13 de abril de 2026. El día anterior, ambos protestaron frente a unos inspectores que intentaron multarlos por vender boniatos de manera irregular; gritaron: «¡Abajo el fascismo, abajo el genocidio, abajo el hambre! ¡Libertad para el pueblo de Cuba!».
leyes cubanas
Las reformas llegan en un momento en que el Gobierno reconoce abiertamente la necesidad de «dinamizar» un mecanismo que, tras más de una década de vigencia, ha producido resultados muy por debajo de las expectativas.
La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
A estas alturas, lo único que podría rescatar a los cubanos de la desdicha en que viven no es una nueva promesa de cambio administrada desde arriba, sino una ruptura real con las estructuras que han producido y perpetuado esa tragedia.
Las reformas anunciadas por el primer ministro cubano Manuel Marrero constituyen, probablemente, el paquete de cambios más abarcador que se ha anunciado. No obstante, por ahora, se trata solo de anuncios: su alcance real dependerá de la secuencia, la profundidad y, sobre todo, de la implementación efectiva de medidas.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
La decisión de juzgar en ausencia no parte del órgano judicial, sino de la primera línea del esquema represivo cubano. Son las autoridades del Ministerio del Interior quienes solicitan la continuidad del proceso: el ministro de Justicia insta al fiscal general y este emite el auto.
El régimen de Cuba publicó este 5 de mayo de 2026 un paquete normativo que formaliza la condición migratoria «Inversores y de Negocios» para los ciudadanos cubanos residentes en el exterior «que lo soliciten y participen en el modelo económico» del país.
Dos normas publicadas el 21 de abril de 2026 formalizan un fenómeno que existía en la isla: el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad por parte del sector privado.
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
«Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir: productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la Revolución», prometió el presidente designado por el general Raúl Castro.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba impuso sanciones de entre ocho y 12 años de cárcel por extraer combustible de grupos electrógenos. Aunque la motivación fue el lucro personal, las causas penales se tramitaron como delitos contra la seguridad del Estado.
La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
La nueva resolución se inscribe en una tendencia sostenida del Estado cubano por trasladar al sector no estatal las obligaciones antilavado que históricamente recaían sobre el sistema bancario y financiero.
Con el nuevo decreto ley para inversores emigrados, el régimen vuelve a demostrar que su lógica no es reconectar con la diáspora, sino hacer concesiones quirúrgicas al segmento que le resulta útil para sobrevivir en este momento.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
La economía cubana ha estado estructurada sobre la primacía de la empresa estatal. Los burócratas han insistido en que esa realidad no cambiará: la empresa estatal seguirá siendo el actor principal de la economía y la propiedad social continuará controlando los medios fundamentales de producción.
Sin embargo, detrás de esa continuidad declarada se esconden cambios de enorme alcance.
En la Cuba de hoy, la represión generacional no trata solo de controlar el presente, sino también de limitar aquello que las futuras generaciones creen posible. Tal vez ese sea el miedo más profundo del régimen: no un disidente o un movimiento en concreto, sino toda una generación que empieza a perder el miedo.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
La nueva Ley de Migración y su Reglamento establecen una nueva arquitectura migratoria que regirá a partir de noviembre de 2026, centrada en una condición: la residencia efectiva.
Durante décadas, el régimen jurídico de la ciudadanía cubana descansó sobre normas dispersas y fragmentarias. No había procedimientos claros, plazos definidos ni mecanismos de impugnación sistematizados. La nueva ley llena ese vacío, pero con condiciones y límites puntuales.
Esta semana un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana con agentes del FBI para buscar a un menor de 10 años que habría sido secuestrado. Las supuestas motivaciones detrás del incidente generaron dudas en nuestra audiencia sobre si en Cuba se permite intervenir quirúrgicamente a un menor para una transición de género. Te explicamos en este artículo.
Alexeis Serrano y su esposa Delis Frómeta están recluidos desde la mañana del 13 de abril de 2026. El día anterior, ambos protestaron frente a unos inspectores que intentaron multarlos por vender boniatos de manera irregular; gritaron: «¡Abajo el fascismo, abajo el genocidio, abajo el hambre! ¡Libertad para el pueblo de Cuba!».