Una nueva resolución del Ministerio de Transporte establece el procedimiento de homologación para ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuatriciclos, sidecar, remolques y semirremolques armados por partes y piezas, hasta ahora inexistente. Se trata de la Resolución 47 publicada el 4 de agosto de 2026 en la Gaceta Oficial.
El principal problema del proyecto de la ley general de la vivienda es que no define qué debe entenderse por vivienda abandonada. La arbitrariedad del castrismo no necesita normativas vagas para ejercerse, pero las normativas vagas profundizan esa arbitrariedad o facilitan su profundización.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó este 7 de agosto de 2026 dos resoluciones en la Gaceta Oficial que reconfiguran el marco económico para las fuentes renovables de energía en Cuba.
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) se desprende de la regencia gubernamental y camina hacia el sector no estatal en un intento por resolver un déficit de cobertura que el Gobierno ha sido incapaz de cubir.
El Gobierno cubano ahora apuesta por una fórmula que combina actores económicos no estatales, establecimientos del Estado y rebajas de impuestos para intentar llevar productos de primera necesidad a los barrios.
Una nueva resolución, publicada este 4 de agosto de 2026 en la Gaceta Oficial, establece las reglas de funcionamiento del llamado Mercado de Abasto.CU, presentado como una pieza clave en el reordenamiento del comercio mayorista en Cuba.
La Gaceta Oficial publicó el Decreto 160, una norma que reconfigura el mapa de actividades económicas permitidas, prohibidas y condicionadas para el sector no estatal. A diferencia de su predecesor, que aplicaba un listado homogéneo de prohibiciones para los actores privados, el nuevo decreto introduce un sistema de cuatro categorías diferenciadas según el tipo de actor económico.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualiza de golpe el salario mínimo nacional, las escalas salariales del sector presupuestado y los sistemas retributivos específicos de salud, educación, deporte y órganos locales del Poder Popular.
El Banco Central de Cuba acaba de dar marcha atrás a una de las restricciones financieras más polémicas de los últimos años: suspende los topes para cobros y pagos en efectivo en moneda nacional que regían desde agosto de 2023.
Gobierno cubano reorganiza quién decide los precios de productos y servicios estratégicos y ejecuta de inmediato esa nueva facultad para actualizar al alza los precios del gas licuado y del gas manufacturado.
La Gaceta Oficial Edición Especial 7, publicada el 13 de julio de 2026, presentó la versión concordada y actualizada del Decreto 325 de 2014, el reglamento que regula cómo se aprueba, opera, modifica y liquida cualquier negocio con inversión extranjera en Cuba.
Las reformas llegan en un momento en que el Gobierno reconoce abiertamente la necesidad de «dinamizar» un mecanismo que, tras más de una década de vigencia, ha producido resultados muy por debajo de las expectativas.
La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
A estas alturas, lo único que podría rescatar a los cubanos de la desdicha en que viven no es una nueva promesa de cambio administrada desde arriba, sino una ruptura real con las estructuras que han producido y perpetuado esa tragedia.
«Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir: productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la Revolución», prometió el presidente designado por el general Raúl Castro.
La economía cubana ha estado estructurada sobre la primacía de la empresa estatal. Los burócratas han insistido en que esa realidad no cambiará: la empresa estatal seguirá siendo el actor principal de la economía y la propiedad social continuará controlando los medios fundamentales de producción.
Sin embargo, detrás de esa continuidad declarada se esconden cambios de enorme alcance.
Las reformas anunciadas por el primer ministro cubano Manuel Marrero constituyen, probablemente, el paquete de cambios más abarcador que se ha anunciado. No obstante, por ahora, se trata solo de anuncios: su alcance real dependerá de la secuencia, la profundidad y, sobre todo, de la implementación efectiva de medidas.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
En la Cuba de hoy, la represión generacional no trata solo de controlar el presente, sino también de limitar aquello que las futuras generaciones creen posible. Tal vez ese sea el miedo más profundo del régimen: no un disidente o un movimiento en concreto, sino toda una generación que empieza a perder el miedo.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
leyes cubanas

Una nueva resolución del Ministerio de Transporte establece el procedimiento de homologación para ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuatriciclos, sidecar, remolques y semirremolques armados por partes y piezas, hasta ahora inexistente. Se trata de la Resolución 47 publicada el 4 de agosto de 2026 en la Gaceta Oficial.
El principal problema del proyecto de la ley general de la vivienda es que no define qué debe entenderse por vivienda abandonada. La arbitrariedad del castrismo no necesita normativas vagas para ejercerse, pero las normativas vagas profundizan esa arbitrariedad o facilitan su profundización.
El Gobierno cubano ahora apuesta por una fórmula que combina actores económicos no estatales, establecimientos del Estado y rebajas de impuestos para intentar llevar productos de primera necesidad a los barrios.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualiza de golpe el salario mínimo nacional, las escalas salariales del sector presupuestado y los sistemas retributivos específicos de salud, educación, deporte y órganos locales del Poder Popular.
La Gaceta Oficial Edición Especial 7, publicada el 13 de julio de 2026, presentó la versión concordada y actualizada del Decreto 325 de 2014, el reglamento que regula cómo se aprueba, opera, modifica y liquida cualquier negocio con inversión extranjera en Cuba.
Gobierno cubano crea el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una nueva entidad subordinada al Consejo de Ministros. Su mandato es ambicioso: dirigir la transformación y el desarrollo del sistema empresarial estatal.
«Vamos a ampliar la entrega de tierras en usufructo a quienes estén dispuestos y en condiciones de producir: productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas, sin renunciar jamás a la soberanía nacional ni retroceder hacia el país dependiente que dejamos atrás con la Revolución», prometió el presidente designado por el general Raúl Castro.
El Parlamento cubano publicó el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen para «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional. Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas.
Un operario de la empresa eléctrica en la Isla de la Juventud fue condenado por «sabotaje» por sustraer lubricante para venderlo, pero esta severa condena fue impuesta con base en un dictamen judicial publicado meses después de que ocurrieran los hechos.
El Ministerio de Finanzas y Precios publicó este 7 de agosto de 2026 dos resoluciones en la Gaceta Oficial que reconfiguran el marco económico para las fuentes renovables de energía en Cuba.
Una nueva resolución, publicada este 4 de agosto de 2026 en la Gaceta Oficial, establece las reglas de funcionamiento del llamado Mercado de Abasto.CU, presentado como una pieza clave en el reordenamiento del comercio mayorista en Cuba.
El Banco Central de Cuba acaba de dar marcha atrás a una de las restricciones financieras más polémicas de los últimos años: suspende los topes para cobros y pagos en efectivo en moneda nacional que regían desde agosto de 2023.
Las reformas llegan en un momento en que el Gobierno reconoce abiertamente la necesidad de «dinamizar» un mecanismo que, tras más de una década de vigencia, ha producido resultados muy por debajo de las expectativas.
A partir del 18 de julio de 2026, la Oficina Nacional de Administración Tributaria podrá cobrar deudas fiscales directamente de las cuentas bancarias sin que el titular tenga que autorizar la operación.
La economía cubana ha estado estructurada sobre la primacía de la empresa estatal. Los burócratas han insistido en que esa realidad no cambiará: la empresa estatal seguirá siendo el actor principal de la economía y la propiedad social continuará controlando los medios fundamentales de producción.
Sin embargo, detrás de esa continuidad declarada se esconden cambios de enorme alcance.
En la Cuba de hoy, la represión generacional no trata solo de controlar el presente, sino también de limitar aquello que las futuras generaciones creen posible. Tal vez ese sea el miedo más profundo del régimen: no un disidente o un movimiento en concreto, sino toda una generación que empieza a perder el miedo.
El paquete normativo consolida y hace más explícitas las restricciones legales al uso de equipos de Starlink en la isla —servicio que nunca tuvo estatus legal en Cuba— en un momento en que su uso furtivo parece haberse expandido.
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) se desprende de la regencia gubernamental y camina hacia el sector no estatal en un intento por resolver un déficit de cobertura que el Gobierno ha sido incapaz de cubir.
La Gaceta Oficial publicó el Decreto 160, una norma que reconfigura el mapa de actividades económicas permitidas, prohibidas y condicionadas para el sector no estatal. A diferencia de su predecesor, que aplicaba un listado homogéneo de prohibiciones para los actores privados, el nuevo decreto introduce un sistema de cuatro categorías diferenciadas según el tipo de actor económico.
Gobierno cubano reorganiza quién decide los precios de productos y servicios estratégicos y ejecuta de inmediato esa nueva facultad para actualizar al alza los precios del gas licuado y del gas manufacturado.
La Resolución 6/2026 permite bloquear activos en cuestión de horas y sin aviso previo a personas o entidades incluidas en la lista nacional de supuestos «terroristas». Tras su publicación fue presentada por varios medios como una norma sin precedentes, pero una revisión jurídica muestra que ese encuadre es inexacto.
A estas alturas, lo único que podría rescatar a los cubanos de la desdicha en que viven no es una nueva promesa de cambio administrada desde arriba, sino una ruptura real con las estructuras que han producido y perpetuado esa tragedia.
Las reformas anunciadas por el primer ministro cubano Manuel Marrero constituyen, probablemente, el paquete de cambios más abarcador que se ha anunciado. No obstante, por ahora, se trata solo de anuncios: su alcance real dependerá de la secuencia, la profundidad y, sobre todo, de la implementación efectiva de medidas.
Un nuevo decreto mantiene la garantía salarial del 60 % que ya existía en el sector estatal, pero impone nuevas condiciones. El empleador debe demostrar que agotó «todas las opciones» de reubicación del trabajador antes de aprobar la garantía.
Con la actualización de los subsidios, el régimen pretende aliviar un déficit superior a las 900 000 viviendas y tener un «mayor control del presupuesto asignado» por el Estado.
























