Derechos
El Derecho Cubano o Derecho de Cuba son los principios jurídicos y el orden normativo que regulan al Estado Cubano, los derechos de los ciudadanos cubanos y las relaciones jurídicas entre las personas jurídicas o naturales de nacionalidad cubana, o extranjeras que se vinculen a estas o al territorio cubano, además de la protección de los bienes jurídicos por medio de sanciones contra los actos ilícitos penales o administrativos, que son legislados y juzgados por las diferentes instituciones del Estado Cubano.
En Cuba el órgano legislativo es la Asamblea Nacional del Poder Popular que detenta a la vez el poder supremo del Estado, siendo un órgano elegido por el voto directo de los ciudadanos cubanos con residencia permanente en Cuba. El órgano de gobierno y Administración Central del Estado, es el Consejo de Ministro, elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular y subordinado a esta. Los órganos judiciales son los Tribunales del Poder Popular: Supremo, Provinciales y Municipales, de los cuales son elegidos sus jueces por las Asambleas del Poder Porpular Nacional, Provincial y Municipal respectivamente.
Pertenece al llamado sistema jurídico Romano-francés y es heredero directo del Derecho Español.
La jerarquía jurídica de las normas cubanas va en el orden descendente siguiente: Constitución, Ley, Decreto-Ley, Decreto y Resoluciones.
Aquí encontrarás las violaciones de los derechos en Cuba y también las sus fortalezas y debilidades.
Las cloacas romanas de 2500 años atrás evidencian su adelanto en salubridad, higiene y ordenamiento jurídico, algo de lo que todavía hay mucho que aprender.
Quienes ayer promovieron los ajusticiamientos de los «chivatos», hoy han creado un sistema de «informantes» que es el soporte de la represión política oculta y del sistema de investigación y judicialización penal.
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Cuando vi que Bobadilla ponía el dedo en la llaga con bastante frecuencia decidí seguirle los pasos. Creo que es un tipo que, sin proponérselo tal vez, se ha ido metiendo cada vez más en los problemas cotidianos de los habitantes de este archipiélago maldito.
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Las personas con enfermedades que afectan su salud mental son un grupo vulnerable. En el momento de crisis política, social y económica que vive Cuba sufren una mayor desatención gubernamental.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Los trabajadores de una cafetería en Cubao, en Manila, tienen algo en común: son familiares de víctimas de “la guerra contra las drogas".
En medio de un contexto de crisis económica, miles de casas han quedado vacías en la isla. Ante este escenario, no sorprende que quienes no tienen una vivienda ocupen de manera ilegal los inmuebles deshabitados. ¿Qué puede hacer el propietario?
Organizaciones estadounidenses demandan al Gobierno de Estados Unidos nuevas acciones o el cumplimiento de anteriores medidas para apoyar con carácter urgente al pueblo cubano.
La Ley 159 «De la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social» entró en vigor el 29 de mayo de 2023. ¿Qué significa la normativa y qué riesgos pueden correr los emigrados cubanos?
Varios países de la región ya cuentan con legislaciones específicas que incluyen programas restaurativos; en Cuba el debate aún es incipiente.
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Las madres cubanas van a ser celebradas este día, pero es necesario trabajar para que el sol penetre en la selva en la que ellas siguen sobreviviendo.
El 92.3 % de las personas entrevistadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, considera que en Cuba los derechos laborales y sindicales son inexistentes.
Que un padre esté de acuerdo con la salida de Cuba de un menor y el otro no es una discrepancia en el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento legal se puede realizar en ese caso? El siguiente texto lo explica.
Construir desde cero un servicio como Legalis requirió, además de experticia en el sistema jurídico del país, una capacidad extra para encontrar soluciones a problemas tecnológicos que surgieron en el camino.
Julio Antonio Fernández Estrada ha creado una obra sin precedentes para quienes deseen conocer el sistema jurídico cubano: el Glosario de los términos jurídicos más usados en el país que aparece en Legalis.
Once presas políticas cubanas, condenadas por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021, exigieron mediante una carta dirigida al Gobierno la liberación de los encarcelados tras las protestas.
«Tenemos derecho a regresar, a participar y a actuar a favor de la justicia, de la democracia, de la libertad y del bienestar. Nada de lo anterior es un crimen ni un pedido de perdón». Un texto de Julio Antonio Fernández Estrada a un año de su salida de Cuba.
El comunicado en nombre de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana ha traído al debate público —otra vez— la inconformidad e impotencia de una parte de la juventud cubana con la realidad actual.
Derechos
El Derecho Cubano o Derecho de Cuba son los principios jurídicos y el orden normativo que regulan al Estado Cubano, los derechos de los ciudadanos cubanos y las relaciones jurídicas entre las personas jurídicas o naturales de nacionalidad cubana, o extranjeras que se vinculen a estas o al territorio cubano, además de la protección de los bienes jurídicos por medio de sanciones contra los actos ilícitos penales o administrativos, que son legislados y juzgados por las diferentes instituciones del Estado Cubano. En Cuba el órgano legislativo es la Asamblea Nacional del Poder Popular que detenta a la vez el poder supremo del Estado, siendo un órgano elegido por el voto directo de los ciudadanos cubanos con residencia permanente en Cuba. El órgano de gobierno y Administración Central del Estado, es el Consejo de Ministro, elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular y subordinado a esta. Los órganos judiciales son los Tribunales del Poder Popular: Supremo, Provinciales y Municipales, de los cuales son elegidos sus jueces por las Asambleas del Poder Porpular Nacional, Provincial y Municipal respectivamente. Pertenece al llamado sistema jurídico Romano-francés y es heredero directo del Derecho Español. La jerarquía jurídica de las normas cubanas va en el orden descendente siguiente: Constitución, Ley, Decreto-Ley, Decreto y Resoluciones. Aquí encontrarás las violaciones de los derechos en Cuba y también las sus fortalezas y debilidades.
Las cloacas romanas de 2500 años atrás evidencian su adelanto en salubridad, higiene y ordenamiento jurídico, algo de lo que todavía hay mucho que aprender.
Quienes ayer promovieron los ajusticiamientos de los «chivatos», hoy han creado un sistema de «informantes» que es el soporte de la represión política oculta y del sistema de investigación y judicialización penal.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Organizaciones estadounidenses demandan al Gobierno de Estados Unidos nuevas acciones o el cumplimiento de anteriores medidas para apoyar con carácter urgente al pueblo cubano.
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Que un padre esté de acuerdo con la salida de Cuba de un menor y el otro no es una discrepancia en el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento legal se puede realizar en ese caso? El siguiente texto lo explica.
Once presas políticas cubanas, condenadas por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021, exigieron mediante una carta dirigida al Gobierno la liberación de los encarcelados tras las protestas.
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Los trabajadores de una cafetería en Cubao, en Manila, tienen algo en común: son familiares de víctimas de “la guerra contra las drogas".
La Ley 159 «De la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social» entró en vigor el 29 de mayo de 2023. ¿Qué significa la normativa y qué riesgos pueden correr los emigrados cubanos?
Las madres cubanas van a ser celebradas este día, pero es necesario trabajar para que el sol penetre en la selva en la que ellas siguen sobreviviendo.
Construir desde cero un servicio como Legalis requirió, además de experticia en el sistema jurídico del país, una capacidad extra para encontrar soluciones a problemas tecnológicos que surgieron en el camino.
«Tenemos derecho a regresar, a participar y a actuar a favor de la justicia, de la democracia, de la libertad y del bienestar. Nada de lo anterior es un crimen ni un pedido de perdón». Un texto de Julio Antonio Fernández Estrada a un año de su salida de Cuba.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
Cuando vi que Bobadilla ponía el dedo en la llaga con bastante frecuencia decidí seguirle los pasos. Creo que es un tipo que, sin proponérselo tal vez, se ha ido metiendo cada vez más en los problemas cotidianos de los habitantes de este archipiélago maldito.
Las personas con enfermedades que afectan su salud mental son un grupo vulnerable. En el momento de crisis política, social y económica que vive Cuba sufren una mayor desatención gubernamental.
En medio de un contexto de crisis económica, miles de casas han quedado vacías en la isla. Ante este escenario, no sorprende que quienes no tienen una vivienda ocupen de manera ilegal los inmuebles deshabitados. ¿Qué puede hacer el propietario?
Varios países de la región ya cuentan con legislaciones específicas que incluyen programas restaurativos; en Cuba el debate aún es incipiente.
El 92.3 % de las personas entrevistadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, considera que en Cuba los derechos laborales y sindicales son inexistentes.
Julio Antonio Fernández Estrada ha creado una obra sin precedentes para quienes deseen conocer el sistema jurídico cubano: el Glosario de los términos jurídicos más usados en el país que aparece en Legalis.
El comunicado en nombre de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana ha traído al debate público —otra vez— la inconformidad e impotencia de una parte de la juventud cubana con la realidad actual.
