Rachel González tiene 32 años y Luisi, su hijo, 11. Los últimos ocho meses de sus vidas han transcurrido en la sala de terapia del Hospital Juan Manuel Márquez, en La Habana. El niño permanece acoplado a un ventilador mecánico. Su única compañía la componen su madre y una tía.
La doctora Lázara Insua Grillo vive sola en un edificio multifamiliar de cinco pisos en San Cristóbal, municipio de Artemisa. A sus 83 años tiene en casa un problema con el que no puede lidiar: los excrementos salen a borbotones por la bañadera y el inodoro.
Siete familias viven en el gimnasio de boxeo Jesús Montané Oropesa, en el barrio habanero de San Isidro, desde hace casi tres años, después de que el edificio donde residían —en Santa Clara e Inquisidor— se derrumbara parcialmente el 25 de junio de 2023. Están en condiciones críticas.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el lunes 29 de junio de 2026 uno de los golpes constitucionales más importantes al segundo mandato de Donald Trump al declarar inválida la orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres en situación migratoria irregular o con presencia temporal en el país.
Analizamos la independencia judicial, las garantías procesales, la libertad de expresión y los mecanismos de control del poder para contrastar el discurso oficial con la realidad documentada por organismos internacionales y casos concretos dentro de la isla.
Los testigos de la detención de Eddy Ceballos hablaron de un operativo policial que involucró a varias personas y motocicletas utilizadas por la Seguridad del Estado con el objetivo de capturar a un joven que llevaba meses retratando con humor el declive material de la «Revolución socialista».
elTOQUE verificó que solo dos presos políticos figuran entre los más de 2 000 indultados que el régimen de La Habana anunció en abril pasado. La lista oficial fue publicada hoy en la Gaceta.  
La Ley 172 codifica jurídicamente una práctica que el régimen había ejercido de facto durante décadas: tratar como «no cubanos» a quienes se oponen al Gobierno.
Durante décadas, el régimen jurídico de la ciudadanía cubana descansó sobre normas dispersas y fragmentarias. No había procedimientos claros, plazos definidos ni mecanismos de impugnación sistematizados. La nueva ley llena ese vacío, pero con condiciones y límites puntuales.
Esta semana un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana con agentes del FBI para buscar a un menor de 10 años que habría sido secuestrado. Las supuestas motivaciones detrás del incidente generaron dudas en nuestra audiencia sobre si en Cuba se permite intervenir quirúrgicamente a un menor para una transición de género. Te explicamos en este artículo.
El informe anual publicado por Amnistía Internacional expone el rostro más duro de la crisis cubana: el 89 % de la población en pobreza extrema, solo el 30 % de los medicamentos esenciales disponibles y una política de represión que dejó cientos de arrestos arbitrarios.
Con el nuevo decreto ley para inversores emigrados, el régimen vuelve a demostrar que su lógica no es reconectar con la diáspora, sino hacer concesiones quirúrgicas al segmento que le resulta útil para sobrevivir en este momento.
En Cuba, el régimen del Partido Comunista tiene la costumbre de hacer del tiempo una trampa para desactivar la disidencia. Luis Manuel Otero lleva casi cinco años aprendiendo eso. Y sigue dibujando. ¿Lo dejarán salir? Esa pregunta lleva semanas sin respuesta y con cada día que pasa se vuelve más urgente.
Un informe de 200 páginas, basado en decenas de testimonios directos, identifica elementos de trabajo forzoso y trata de personas en las brigadas médicas cuyos servicios comercializa el régimen cubano. El comisionado Ralón advierte en exclusiva para elTOQUE que la responsabilidad no recae solo en La Habana, sino también en los estados que las contratan.
Varios medios españoles reportaron que se trataba de la liberación de «presos políticos», como parte del «segundo indulto en lo que va de año». Estas afirmaciones son FALSAS.
Desde su detención, Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de mirada serena y sensibilidad musical puesta al servicio de su iglesia, siente que cada día transcurrido cuenta por dos. Por estos días de Semana Santa él sufre su propio calvario en Cuba: es uno de los menores presos por la protesta del 13 de marzo de 2026 en Morón.
Para que Cuba transite hacia la democracia, el Derecho no puede constituir un instrumento de defensa del postotalitarismo, sino que debe convertirse en un escudo protector del ciudadano.
El rostro de Daniel Alejandro Licea Carrazana, un oficial del Minint que participó en la represión contra colaboradores de elTOQUE y otras personas vinculadas al periodismo independiente y el emprendimiento en Cuba, apareció en un video publicado por canales oficialistas a propósito del aniversario de los Órganos de la Seguridad del Estado.
Acosar y amenazar a las familias de disidentes y ciudadanos que critican el poder en Cuba es una práctica común del Ministerio del Interior. En marzo de 2026 una de las víctimas de esta práctica represiva del Estado cubano ha sido Caridad Silvente, madre de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente —conocida en redes sociales como «Anna Bensi».
La organización Cubalex documentó, hasta el 17 de marzo de 2026, al menos 156 protestas y 47 detenciones ocurridas en marzo. El conteo incluye, además de los confirmados en Morón, «un número no determinado de arrestos en Guisa (Granma) relacionados con el incendio del restaurante El Mirador».
Emma no ve a su papá desde la mañana del 6 de febrero de 2026, cuando se lo llevaron esposado por opinar en redes sociales, como ha ocurrido con muchos otros padres en Cuba, aunque la niña de tres años no lo sepa. Ernesto Ricardo continúa preso en Holguín, junto con Kamil Zayas, por los videos críticos que filmó en una pequeña habitación de su hogar.
Un acuerdo del Consejo de Ministros marca un cambio significativo en el modelo cubano de asistencia social, caracterizado por un fuerte control estatal sobre los servicios de cuidado a personas mayores y en situación de discapacidad. 
La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
El profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» fue condenado a una sanción conjunta de diez años de cárcel por pintar frases contrarias al régimen de La Habana; algunas iban dirigidas al mandatario Miguel Díaz-Canel.
La oportunidad para una transición negociada en Cuba será política, frágil y dependiente de costos reales para la élite autocrática. Aumentar esos costos no garantiza el cambio, pero no hacerlo garantiza la continuidad. Incluso las élites autocráticas que se creen eternas dependen, en última instancia, de que esa creencia se mantenga.