derechos de la mujer
Las mujeres desde el propio triunfo de la Revoluciónhan sido sujetos activos y principales beneficiarias de las conquistas revolucionarias. Como parte de la lucha por la justicia social se inició la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida nacional.
El Gobierno Revolucionario desde 1959 adoptó una serie de medidas legislativas, judiciales y administrativas que garantizaron de inmediato el cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales de todo el pueblo y en particular de las mujeres, niños(as) y ancianos(as); creando con esto las bases necesarias para la implementación posterior de una legislación que proclamara y sustentara estos principios; entre los cuales ocupó un lugar prioritario luchar por erradicar cualquier tipo de desigualdad o discriminación, entre ellas la originada por motivo de sexo.
En Cuba, abogamos por la no violencia contra la mujer, pero se sigue instituyendo de algún modo, justificada en nuestra idiosincrasia, velada en el tipo de cultura y en la cotidianidad.
Aquí se publican historias de mujeres que han logrado ser exitosas gracias a los derechos que poseen, peor también casos de discriminación que sufren actualmente.
Cinco feministas cubanas debaten sobre la efectividad del esquema punitivo para atender y reparar a las víctimas de violencias de género, y la necesidad de caminar hacia un modelo de justicia restaurativa.
La plataforma autogestionada busca generar espacios seguros para personas víctimas de violencia sexual ante la ausencia de apoyos institucionales, así como visibilizar la historia del movimiento de denuncia y acompañamiento en Cuba y el mundo.
Una cubana que se identifica como Rosyeilis de Armas Rodríguez, de 19 años, asegura que fue víctima de una violación. Su presunto agresor se encuentra en libertad tras haber sido detenido. ¿Qué sucede con las medidas cautelares en Cuba?
Hilda Núñez Díaz (arrestada por la Seguridad del Estado) y Nancy Peña (asesinada por su expareja) son dos mujeres cubanas víctimas de la desprotección y la represión estatal.
Once presas políticas cubanas, condenadas por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021, exigieron mediante una carta dirigida al Gobierno la liberación de los encarcelados tras las protestas.
Los artistas de Matraca dibujan sobre el teatro electoral en Cuba, denuncian el ascenso de los feminicidios en el archipiélago y señalan la prisión injusta que sufre el activista Luis Manuel Otero hace más de un año.
La solicitud al Gobierno cubano responde al aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que se han registrado en los últimos meses y a la necesidad de que se implementen medidas urgentes para prevenir y atender la violencia machista.
La desprotección de las mujeres en Cuba no solo se debe a un vacío legal o a la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, sino a la falta de voluntad política.
El reconocimiento de las estadísticas recabadas a partir de observatorios y reportes de la sociedad civil por parte de los organismos internacionales sería necesario para dejar de reproducir una imagen irreal de la situación cubana.
Diagnosticar las desigualdades de género en la sociedad cubana requiere producir datos e interpretarlos. Sin embargo, la información que brindan las instituciones gubernamentales es escasa y está marcada por la necesidad de demostrar el avance del Gobierno en temas de género.
Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.
Más de 400 testimonios recopilados por el proyecto Ministerio de Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre, permiten otro acercamiento al problema de la violencia machista en Cuba.
Las mujeres cubanas son violentadas. Los instrumentos jurídicos, estrategias y políticas implementadas en los últimos años por las autoridades de La Habana para atender la violencia contra las mujeres han sido insuficientes.
En América Latina, varios países han promulgado leyes que tipifican el femicidio como delito. Sin embargo, la región del Caribe, incluida Cuba, se encuentra a la saga en este sentido.
En un caso como este, la reparación debe pasar por medidas contra el poder y los privilegios que permitieron la impunidad, que atiendan la violencia sufrida por las sobrevivientes, y establezcan vías más seguras para la denuncia de otras víctimas.
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
La sanción a Fernando Bécquer no favorece el rechazo público a su conducta ni garantiza per se la restitución a las víctimas y las garantías de no repetición.
Aunque la sentencia (cinco años de limitación de libertad) no es firme, ha movilizado nuevamente el debate público sobre el acceso a la justicia y la reparación de víctimas de delitos sexuales.
Diez meses después de presentarse las primeras denuncias ante la policía, el trovador cubano Fernando Bécquer, acusado de delitos sexuales, fue hallado culpable.
La muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por la llamada «policía de la moral», ha desatado una ola de protestas violentas y quema de velos en varias localidades de Irán.
Pareciera que la responsabilidad estatal sobre las maternidades tiene un carácter selectivo, al ubicar los recursos materiales y humanos en «sectores prioritarios». ¿Dónde quedan ubicadas las activistas, las periodistas independientes, y quienes no entran dentro de la cartilla de actividades aprobadas para el sector no estatal?
Las denunciantes del caso Bécquer han buscado reparación de diversas maneras, tropezando con obstáculos institucionales y encontrando apoyos en diferentes espacios.
Activistas de Yo Sí Te Creo en Cuba conversan sobre acompañamiento y justicia feminista, a propósito de las denuncias por abuso sexual contra el trovador Fernando Bécquer.
El acceso a la justicia en el caso contra el trovador Fernando Bécquer, acusado públicamente de varios delitos sexuales, ha estado mediado por la revictimización de las denunciantes y otros obstáculos.
Denunciantes y activistas hablan sobre el acceso a la justicia en el caso contra el trovador Fernando Bécquer, con más de 20 denuncias públicas y varias legales, por delitos sexuales.
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derechos de la mujer
Las mujeres desde el propio triunfo de la Revoluciónhan sido sujetos activos y principales beneficiarias de las conquistas revolucionarias. Como parte de la lucha por la justicia social se inició la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida nacional. El Gobierno Revolucionario desde 1959 adoptó una serie de medidas legislativas, judiciales y administrativas que garantizaron de inmediato el cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales de todo el pueblo y en particular de las mujeres, niños(as) y ancianos(as); creando con esto las bases necesarias para la implementación posterior de una legislación que proclamara y sustentara estos principios; entre los cuales ocupó un lugar prioritario luchar por erradicar cualquier tipo de desigualdad o discriminación, entre ellas la originada por motivo de sexo. En Cuba, abogamos por la no violencia contra la mujer, pero se sigue instituyendo de algún modo, justificada en nuestra idiosincrasia, velada en el tipo de cultura y en la cotidianidad. Aquí se publican historias de mujeres que han logrado ser exitosas gracias a los derechos que poseen, peor también casos de discriminación que sufren actualmente.
Cinco feministas cubanas debaten sobre la efectividad del esquema punitivo para atender y reparar a las víctimas de violencias de género, y la necesidad de caminar hacia un modelo de justicia restaurativa.
La plataforma autogestionada busca generar espacios seguros para personas víctimas de violencia sexual ante la ausencia de apoyos institucionales, así como visibilizar la historia del movimiento de denuncia y acompañamiento en Cuba y el mundo.
Once presas políticas cubanas, condenadas por manifestarse el 11 y 12 de julio de 2021, exigieron mediante una carta dirigida al Gobierno la liberación de los encarcelados tras las protestas.
La desprotección de las mujeres en Cuba no solo se debe a un vacío legal o a la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, sino a la falta de voluntad política.
Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.
En América Latina, varios países han promulgado leyes que tipifican el femicidio como delito. Sin embargo, la región del Caribe, incluida Cuba, se encuentra a la saga en este sentido.
La sanción a Fernando Bécquer no favorece el rechazo público a su conducta ni garantiza per se la restitución a las víctimas y las garantías de no repetición.
La muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por la llamada «policía de la moral», ha desatado una ola de protestas violentas y quema de velos en varias localidades de Irán.
Activistas de Yo Sí Te Creo en Cuba conversan sobre acompañamiento y justicia feminista, a propósito de las denuncias por abuso sexual contra el trovador Fernando Bécquer.
Una cubana que se identifica como Rosyeilis de Armas Rodríguez, de 19 años, asegura que fue víctima de una violación. Su presunto agresor se encuentra en libertad tras haber sido detenido. ¿Qué sucede con las medidas cautelares en Cuba?
Los artistas de Matraca dibujan sobre el teatro electoral en Cuba, denuncian el ascenso de los feminicidios en el archipiélago y señalan la prisión injusta que sufre el activista Luis Manuel Otero hace más de un año.
El reconocimiento de las estadísticas recabadas a partir de observatorios y reportes de la sociedad civil por parte de los organismos internacionales sería necesario para dejar de reproducir una imagen irreal de la situación cubana.
Más de 400 testimonios recopilados por el proyecto Ministerio de Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre, permiten otro acercamiento al problema de la violencia machista en Cuba.
En un caso como este, la reparación debe pasar por medidas contra el poder y los privilegios que permitieron la impunidad, que atiendan la violencia sufrida por las sobrevivientes, y establezcan vías más seguras para la denuncia de otras víctimas.
Aunque la sentencia (cinco años de limitación de libertad) no es firme, ha movilizado nuevamente el debate público sobre el acceso a la justicia y la reparación de víctimas de delitos sexuales.
Pareciera que la responsabilidad estatal sobre las maternidades tiene un carácter selectivo, al ubicar los recursos materiales y humanos en «sectores prioritarios». ¿Dónde quedan ubicadas las activistas, las periodistas independientes, y quienes no entran dentro de la cartilla de actividades aprobadas para el sector no estatal?
El acceso a la justicia en el caso contra el trovador Fernando Bécquer, acusado públicamente de varios delitos sexuales, ha estado mediado por la revictimización de las denunciantes y otros obstáculos.
Hilda Núñez Díaz (arrestada por la Seguridad del Estado) y Nancy Peña (asesinada por su expareja) son dos mujeres cubanas víctimas de la desprotección y la represión estatal.
La solicitud al Gobierno cubano responde al aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que se han registrado en los últimos meses y a la necesidad de que se implementen medidas urgentes para prevenir y atender la violencia machista.
Diagnosticar las desigualdades de género en la sociedad cubana requiere producir datos e interpretarlos. Sin embargo, la información que brindan las instituciones gubernamentales es escasa y está marcada por la necesidad de demostrar el avance del Gobierno en temas de género.
Las mujeres cubanas son violentadas. Los instrumentos jurídicos, estrategias y políticas implementadas en los últimos años por las autoridades de La Habana para atender la violencia contra las mujeres han sido insuficientes.
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
Diez meses después de presentarse las primeras denuncias ante la policía, el trovador cubano Fernando Bécquer, acusado de delitos sexuales, fue hallado culpable.
Las denunciantes del caso Bécquer han buscado reparación de diversas maneras, tropezando con obstáculos institucionales y encontrando apoyos en diferentes espacios.
Denunciantes y activistas hablan sobre el acceso a la justicia en el caso contra el trovador Fernando Bécquer, con más de 20 denuncias públicas y varias legales, por delitos sexuales.
