delitos
<span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">El Codigo penal cubano en su Ley 62 muestra las nociones generales y algunos delitos. </span>Este artículo describe los principales delitos reflejados en el código penal cubano, pero siempre tenga en cuenta que aunque puede ser usado como información, no constituye en si, material de referencia, para la toma de decisiones.
Actualmente, los incumplimientos en los planes, el fraude fiscal en el sector no estatal y las cuentas por cobrar provocaron daños millonarios al presupuesto de Cuba en el 2017, una muestra del alza en los delitos económicos.
En el 2017, la Contraloría detectó 1,012 delitos económicos, un notable incremento frente a los 732 del año anterior, aumento registrado porque han implementado un “mayor control de los posibles hechos delictivos.
La nueva Carta Magna que se encuentra en proceso de consulta popular en Cuba incluye una modificación que ya está despertando comentarios encontrados pues ampara la aplicación de la pena de muerte en caso de incurrir en un delito de “traición a la patria”.
Aquí encontrarás muchos de los delitos que se comenten hoy en la sociedad cubana.
Las autoridades de la isla tendrán la facultad de despojar unilateralmente de la ciudadanía cubana bajo el argumento de la protección de los intereses del «Estado» y de la «República».
Por diversas vías elTOQUE ha conocido que varios emprendedores y trabajadores por cuenta propia han sido víctimas de estafas millonarias.
Varios individuos involucrados en el sacrificio de perros callejeros y domésticos con el propósito de comercializar su carne fueron detenidos en San José de las Lajas. ¿La ley cubana contiene una figura delictiva para sancionar acciones de este tipo?
Análisis del aumento de violencia e inseguridad en Cuba reflejado en el Índice de Paz Global 2023. Causas y consecuencias del fenómeno.
Durante la última década en Cuba fueron procesados legalmente al menos 128 casos de trata de personas. Un análisis de los informes publicados por el Gobierno desde 2013 permite identificar tendencias y desafíos para atender este flagelo en la isla.
Las autoridades cubanas emplean otra vez la cláusula de intangibilidad constitucional contenida en el artículo 4 de la carta magna de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del «socialismo» de acto sedicioso.
Quienes ayer promovieron los ajusticiamientos de los «chivatos», hoy han creado un sistema de «informantes» que es el soporte de la represión política oculta y del sistema de investigación y judicialización penal.
El siguiente texto ofrece diez argumentos que desmienten la veracidad de un documento supuestamente redactado por autoridades del Minint y la Fiscalía que aún circula en las redes sociales.
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
Las autoridades cubanas interpretan y manejan a conveniencia las disposiciones legales. Su proceder ha quedado (una vez más) al descubierto con los recientes sucesos de reclutamiento de ciudadanos cubanos que hoy luchan a favor de Rusia en Ucrania.
El Gobierno cubano se posiciona a través del discurso en contra de la trata de personas. Sin embargo, no existen protocolos específicos —que sean conocidos— para brindar asistencia a las víctimas de ese delito fuera de sus fronteras. Además, varios organismos internacionales advierten que la violación de los derechos de los médicos internacionalistas es una modalidad de esclavitud moderna.
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
El Decreto 30 (que reconoce la venta forzosa de productos) es el fundamento legal de una política de control de precios que apuesta, sin otros resortes, por la represión y la intervención estatal.
Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular, hizo declaraciones sobre la pena de muerte que han preocupado a determinados sectores de la población cubana.
El 22 de julio de 2023 se conmemoran 11 años de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ambos perdieron la vida en un incidente en el que estuvieron involucrados funcionarios del Estado cubano.
La exoneración de los victimarios y la criminalización a las víctimas proviene de la institución que controla los hilos de la represión penal en Cuba, el Ministerio del Interior.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Emplear el término «comercio ilegal» para referirse a la comercialización puntual de productos es jurídicamente incorrecto.
Hay elementos plausibles para impulsar acciones penales contra la persona que publicó en Revolico un anuncio que promocionaba el alquiler de su apartamento en La Habana junto a la frase: «solo para blancos».
Los campesinos cubanos denuncian un incremento de la violencia en los campos cubanos; mientras que la policía evade la situación
La inseguridad alimentaria que se vive en Cuba hoy ha obligado a muchas personas a recurrir a formas «no legales» para garantizar la comida en la mesa.
Una cubana que se identifica como Rosyeilis de Armas Rodríguez, de 19 años, asegura que fue víctima de una violación. Su presunto agresor se encuentra en libertad tras haber sido detenido. ¿Qué sucede con las medidas cautelares en Cuba?
No existe prohibición expresa en la norma cubana que impida a las personas filmar a funcionarios públicos (incluidos policías) en el ejercicio de sus funciones.
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El Codigo penal cubano en su Ley 62 muestra las nociones generales y algunos delitos. Este artículo describe los principales delitos reflejados en el código penal cubano, pero siempre tenga en cuenta que aunque puede ser usado como información, no constituye en si, material de referencia, para la toma de decisiones. Actualmente, los incumplimientos en los planes, el fraude fiscal en el sector no estatal y las cuentas por cobrar provocaron daños millonarios al presupuesto de Cuba en el 2017, una muestra del alza en los delitos económicos. En el 2017, la Contraloría detectó 1,012 delitos económicos, un notable incremento frente a los 732 del año anterior, aumento registrado porque han implementado un “mayor control de los posibles hechos delictivos. La nueva Carta Magna que se encuentra en proceso de consulta popular en Cuba incluye una modificación que ya está despertando comentarios encontrados pues ampara la aplicación de la pena de muerte en caso de incurrir en un delito de “traición a la patria”. Aquí encontrarás muchos de los delitos que se comenten hoy en la sociedad cubana.
Las autoridades de la isla tendrán la facultad de despojar unilateralmente de la ciudadanía cubana bajo el argumento de la protección de los intereses del «Estado» y de la «República».
Por diversas vías elTOQUE ha conocido que varios emprendedores y trabajadores por cuenta propia han sido víctimas de estafas millonarias.
Durante la última década en Cuba fueron procesados legalmente al menos 128 casos de trata de personas. Un análisis de los informes publicados por el Gobierno desde 2013 permite identificar tendencias y desafíos para atender este flagelo en la isla.
El siguiente texto ofrece diez argumentos que desmienten la veracidad de un documento supuestamente redactado por autoridades del Minint y la Fiscalía que aún circula en las redes sociales.
Un Acuerdo del Consejo de Ministros faculta a los funcionarios del Ministerio del Interior a citar a quienes consideren que necesitan ser educados o advertidos para evitar que cometan «delitos».
El siguiente texto es un artículo de Julio Fernández Bulté, originalmente publicado en el 2000. Contiene sus ideas, revisiones bibliográficas y reflexiones respecto a la aplicación de la pena de muerte.
El 22 de julio de 2023 se conmemoran 11 años de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ambos perdieron la vida en un incidente en el que estuvieron involucrados funcionarios del Estado cubano.
Emplear el término «comercio ilegal» para referirse a la comercialización puntual de productos es jurídicamente incorrecto.
La inseguridad alimentaria que se vive en Cuba hoy ha obligado a muchas personas a recurrir a formas «no legales» para garantizar la comida en la mesa.
Varios individuos involucrados en el sacrificio de perros callejeros y domésticos con el propósito de comercializar su carne fueron detenidos en San José de las Lajas. ¿La ley cubana contiene una figura delictiva para sancionar acciones de este tipo?
Las autoridades cubanas emplean otra vez la cláusula de intangibilidad constitucional contenida en el artículo 4 de la carta magna de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del «socialismo» de acto sedicioso.
Solo las «actividades ilegales» que constituyan delitos justifican la privación de libertad de una persona. El Gobierno cubano acostumbra a esconder la represión política detrás de argumentos legales relacionados con la comisión de delitos comunes.
Las autoridades cubanas interpretan y manejan a conveniencia las disposiciones legales. Su proceder ha quedado (una vez más) al descubierto con los recientes sucesos de reclutamiento de ciudadanos cubanos que hoy luchan a favor de Rusia en Ucrania.
El Decreto 30 (que reconoce la venta forzosa de productos) es el fundamento legal de una política de control de precios que apuesta, sin otros resortes, por la represión y la intervención estatal.
La exoneración de los victimarios y la criminalización a las víctimas proviene de la institución que controla los hilos de la represión penal en Cuba, el Ministerio del Interior.
Hay elementos plausibles para impulsar acciones penales contra la persona que publicó en Revolico un anuncio que promocionaba el alquiler de su apartamento en La Habana junto a la frase: «solo para blancos».
Una cubana que se identifica como Rosyeilis de Armas Rodríguez, de 19 años, asegura que fue víctima de una violación. Su presunto agresor se encuentra en libertad tras haber sido detenido. ¿Qué sucede con las medidas cautelares en Cuba?
Análisis del aumento de violencia e inseguridad en Cuba reflejado en el Índice de Paz Global 2023. Causas y consecuencias del fenómeno.
Quienes ayer promovieron los ajusticiamientos de los «chivatos», hoy han creado un sistema de «informantes» que es el soporte de la represión política oculta y del sistema de investigación y judicialización penal.
El nuevo dictamen del Tribunal Supremo Popular ratifica la idea de que en Cuba los represores definen la ley, los derechos individuales y las garantías.
El Gobierno cubano se posiciona a través del discurso en contra de la trata de personas. Sin embargo, no existen protocolos específicos —que sean conocidos— para brindar asistencia a las víctimas de ese delito fuera de sus fronteras. Además, varios organismos internacionales advierten que la violación de los derechos de los médicos internacionalistas es una modalidad de esclavitud moderna.
Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular, hizo declaraciones sobre la pena de muerte que han preocupado a determinados sectores de la población cubana.
Mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos.
Los campesinos cubanos denuncian un incremento de la violencia en los campos cubanos; mientras que la policía evade la situación
No existe prohibición expresa en la norma cubana que impida a las personas filmar a funcionarios públicos (incluidos policías) en el ejercicio de sus funciones.
