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Cuando los aficionados a los puros cubanos encienden un Cohíba o un Montecristo, pocos imaginan que detrás de la conocida marca de tabacos se esconde un imperio en la sombra del lavado de criptomonedas, trata de personas y fraude de telecomunicaciones que se extiende por ciudades tan lejanas del Caribe como Hong Kong, en China, o Sihanoukville, al oeste de Camboya
Martiño Ramos es profesor de música y fue sentenciado en España a 13 años y medio de cárcel por violar durante varios cursos a una de sus alumnas desde que ella tenía 12 años de edad.
Entre octubre y noviembre de 2025 han salido a la luz varios videos que muestran detenciones de ciudadanos cubanos en diferentes regiones de Rusia por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas y la falsificación de documentos.
Al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión, concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
El cubano usuario de Facebook William Sosa, conocido por sus publicaciones en redes sociales sobre la situación económica del país, fue detenido el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Las Tunas.
El posible segundo proceso, presumiblemente más visible para la propaganda oficial, podría desarrollarse bajo un guion más controlado y con la eventual colaboración de Gil, presentándose como un acto de «asunción de responsabilidad».
A puertas cerradas se desarrolla hoy, 11 de noviembre de 2025, el juicio contra el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, luego de una comunicación expedita del Gobierno cubano el día anterior.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro de Cuba y exministro de Economía y Planificación, tendrá lugar en la mañana del 11 de noviembre de 2025 a las 9:30 a. m.
La confirmación oficial de que el expediente de Gil Fernández fue presentado al Tribunal —y que, por tanto, su juicio podría celebrarse en cualquier momento— abre múltiples lecturas e interrogantes sobre el alcance político y judicial de este proceso.
elTOQUE Jurídico resume las principales contravenciones que figuran en el Decreto Ley 91/2024 aplicables a trabajadores por cuenta propia (TCP), micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA).
Quejarse no es protestar, y el silencio impuesto por miedo o censura no es estabilidad social. La diferencia entre ambos derechos no es exclusivamente técnica: es la línea que separa una democracia participativa de un régimen represivo que solo tolera la obediencia absoluta.
La desprotección frente a la violencia de género y la vulneración de derechos políticos en Cuba no se resuelve solo con educación ni con leyes más detalladas: requiere un cambio de régimen que establezca controles e incentivos institucionales reales y permita la vigencia efectiva de un Estado de derecho.
Con la condena a Julio César Duque de Estrada, los Tribunales respaldan la idea de que grabar en espacios públicos hechos que contrastan con la imagen que le interesa a la propaganda estatal, no está permitido. Registrar la realidad se trata, para la burocracia cubana, de un acto ilegal.
El 4 de septiembre de 2025 se conoció sobre la condena en Morón (Ciego de Ávila) de un adolescente de 18 años que deberá pasar ocho años preso por ser «portador» de varias dosis de El Químico para traficarla. El auge del consumo de esta droga barata y devastadora ha forzado al régimen a mostrar “tolerancia cero”, con condenas ejemplarizantes y nuevas normas que elevan las sanciones. Pero la mano dura abre interrogantes: ¿prevención real o más control en un país sin garantías de derecho?
Mario Pontolillo, ciudadano italiano de 56 años que posee residencia permanente en Cuba, fue identificado por la Fiscalía como presunto autor del atropellamiento masivo en La Habana. La comunicación ocurre diez días después del suceso.
El Dictamen 476, publicado el 28 de agosto de 2025, marca un giro punitivo en el tratamiento legal de las drogas en Cuba al establecer nuevas reglas para juzgar los delitos vinculados con los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como «El Químico» o «los papelitos».
Julio César Duque de Estrada podría enfrentar una condena de más de cinco años de prisión por filmar una cola de gas en Santiago de Cuba. La Fiscalía lo acusa de desobediencia, atentado y resistencia.
El documento oficial recoge que fue detenido tras un presunto altercado violento con un oficial de la contrainteligencia.
Etecsa culpa al «fraude» del desplome en sus ingresos por concepto de recargas internacionales, pero no hay evidencia de que se haya cometido delito alguno contra la empresa.
En elTOQUE explicamos por qué miente Etecsa al afirmar que hubo un fraude y cómo han funcionado los esquemas de venta de recarga móvil a nivel oficial y en el mercado informal.
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo redefinió como sabotaje el robo de componentes de infraestructuras estatales, que anteriormente se procesaba como hurto. El régimen dispuso que los juicios sean públicos y ejemplarizantes para «elevar la cultura jurídica» de la población.
El entorno digital se ha convertido en terreno fértil para estafas asociadas a la venta de pasajes al exterior, en especial a países de Centroamérica. Las víctimas realizan el pago en efectivo, en MLC, o a través de Zelle para descubrir más tarde que el vuelo no existe y que perdieron su dinero. elTOQUE ofrece consejos para no ser engañados.
Aunque se conoce poco sobre cómo funciona el proceso, que las autoridades cubanas impidan la salida al extranjero de personas con deudas con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) no es nuevo.
Este tipo de fraudes se inserta en un contexto en el que la adquisición de divisas se ha vuelto urgente para los cubanos, en especial luego de la pandemia de COVID-19. Un segundo factor apunta a que en la isla, tanto el mercado formal como el informal están parcialmente dolarizados.
La Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 103 que deroga el 164 de 1991 y que establece nuevas sanciones y contravenciones «concernientes al servicio militar».
La mayoría de los periodistas independientes que han sido reprimidos en Cuba en los últimos años no han sido procesados ni judicializados. El régimen ha utilizado su poder para doblegarlos mediante la extorsión.
La calificación de «testigo» no está diseñada para ofrecer garantías a los periodistas independientes sometidos a esos procesos. Por el contrario, está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado.
delitos
Cuando los aficionados a los puros cubanos encienden un Cohíba o un Montecristo, pocos imaginan que detrás de la conocida marca de tabacos se esconde un imperio en la sombra del lavado de criptomonedas, trata de personas y fraude de telecomunicaciones que se extiende por ciudades tan lejanas del Caribe como Hong Kong, en China, o Sihanoukville, al oeste de Camboya
Martiño Ramos es profesor de música y fue sentenciado en España a 13 años y medio de cárcel por violar durante varios cursos a una de sus alumnas desde que ella tenía 12 años de edad.
El cubano usuario de Facebook William Sosa, conocido por sus publicaciones en redes sociales sobre la situación económica del país, fue detenido el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Las Tunas.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro de Cuba y exministro de Economía y Planificación, tendrá lugar en la mañana del 11 de noviembre de 2025 a las 9:30 a. m.
Quejarse no es protestar, y el silencio impuesto por miedo o censura no es estabilidad social. La diferencia entre ambos derechos no es exclusivamente técnica: es la línea que separa una democracia participativa de un régimen represivo que solo tolera la obediencia absoluta.
El 4 de septiembre de 2025 se conoció sobre la condena en Morón (Ciego de Ávila) de un adolescente de 18 años que deberá pasar ocho años preso por ser «portador» de varias dosis de El Químico para traficarla. El auge del consumo de esta droga barata y devastadora ha forzado al régimen a mostrar “tolerancia cero”, con condenas ejemplarizantes y nuevas normas que elevan las sanciones. Pero la mano dura abre interrogantes: ¿prevención real o más control en un país sin garantías de derecho?
Julio César Duque de Estrada podría enfrentar una condena de más de cinco años de prisión por filmar una cola de gas en Santiago de Cuba. La Fiscalía lo acusa de desobediencia, atentado y resistencia.
El documento oficial recoge que fue detenido tras un presunto altercado violento con un oficial de la contrainteligencia.
El entorno digital se ha convertido en terreno fértil para estafas asociadas a la venta de pasajes al exterior, en especial a países de Centroamérica. Las víctimas realizan el pago en efectivo, en MLC, o a través de Zelle para descubrir más tarde que el vuelo no existe y que perdieron su dinero. elTOQUE ofrece consejos para no ser engañados.
La Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 103 que deroga el 164 de 1991 y que establece nuevas sanciones y contravenciones «concernientes al servicio militar».
Entre octubre y noviembre de 2025 han salido a la luz varios videos que muestran detenciones de ciudadanos cubanos en diferentes regiones de Rusia por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas y la falsificación de documentos.
El posible segundo proceso, presumiblemente más visible para la propaganda oficial, podría desarrollarse bajo un guion más controlado y con la eventual colaboración de Gil, presentándose como un acto de «asunción de responsabilidad».
La confirmación oficial de que el expediente de Gil Fernández fue presentado al Tribunal —y que, por tanto, su juicio podría celebrarse en cualquier momento— abre múltiples lecturas e interrogantes sobre el alcance político y judicial de este proceso.
La desprotección frente a la violencia de género y la vulneración de derechos políticos en Cuba no se resuelve solo con educación ni con leyes más detalladas: requiere un cambio de régimen que establezca controles e incentivos institucionales reales y permita la vigencia efectiva de un Estado de derecho.
Mario Pontolillo, ciudadano italiano de 56 años que posee residencia permanente en Cuba, fue identificado por la Fiscalía como presunto autor del atropellamiento masivo en La Habana. La comunicación ocurre diez días después del suceso.
Etecsa culpa al «fraude» del desplome en sus ingresos por concepto de recargas internacionales, pero no hay evidencia de que se haya cometido delito alguno contra la empresa.
En elTOQUE explicamos por qué miente Etecsa al afirmar que hubo un fraude y cómo han funcionado los esquemas de venta de recarga móvil a nivel oficial y en el mercado informal.
Aunque se conoce poco sobre cómo funciona el proceso, que las autoridades cubanas impidan la salida al extranjero de personas con deudas con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) no es nuevo.
La mayoría de los periodistas independientes que han sido reprimidos en Cuba en los últimos años no han sido procesados ni judicializados. El régimen ha utilizado su poder para doblegarlos mediante la extorsión.
Al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión, concluyó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
A puertas cerradas se desarrolla hoy, 11 de noviembre de 2025, el juicio contra el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, luego de una comunicación expedita del Gobierno cubano el día anterior.
elTOQUE Jurídico resume las principales contravenciones que figuran en el Decreto Ley 91/2024 aplicables a trabajadores por cuenta propia (TCP), micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA).
Con la condena a Julio César Duque de Estrada, los Tribunales respaldan la idea de que grabar en espacios públicos hechos que contrastan con la imagen que le interesa a la propaganda estatal, no está permitido. Registrar la realidad se trata, para la burocracia cubana, de un acto ilegal.
El Dictamen 476, publicado el 28 de agosto de 2025, marca un giro punitivo en el tratamiento legal de las drogas en Cuba al establecer nuevas reglas para juzgar los delitos vinculados con los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como «El Químico» o «los papelitos».
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo redefinió como sabotaje el robo de componentes de infraestructuras estatales, que anteriormente se procesaba como hurto. El régimen dispuso que los juicios sean públicos y ejemplarizantes para «elevar la cultura jurídica» de la población.
Este tipo de fraudes se inserta en un contexto en el que la adquisición de divisas se ha vuelto urgente para los cubanos, en especial luego de la pandemia de COVID-19. Un segundo factor apunta a que en la isla, tanto el mercado formal como el informal están parcialmente dolarizados.
La calificación de «testigo» no está diseñada para ofrecer garantías a los periodistas independientes sometidos a esos procesos. Por el contrario, está diseñada para negarles los mínimos derechos a los que podría apelar alguien que ha sido formalmente acusado.